Biden y López Obrador prometen una acción conjunta para abordar la migración ilegal

Por Michael D. Shear y Hamed Aleaziz

En una declaración conjunta, los presidentes de EE.UU. UU. y de México se comprometieron a abordar la migración no autorizada, pero no especificaron ninguna acción concreta.

El presidente Joe Biden y el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, prometieron el lunes una acción combinada para prevenir la migración ilegal. Biden se encuentra bajo una intensa presión política desde todos los bandos para enfrentar el impacto del aumento de los cruces fronterizos antes de las elecciones presidenciales de este año.

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En una declaración conjunta, Biden y López Obrador afirmaron que habían ordenado a sus asesores de seguridad nacional “trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas para reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo proteger los derechos humanos”.

La declaración, que se produjo luego de que ambos líderes conversaron telefónicamente el domingo, no especificó ninguna acción concreta. Un alto funcionario gubernamental se negó a dar detalles sobre lo que Estados Unidos y México podrían “implementar inmediatamente”. Pero el funcionario dijo que, entre las posibilidades que se están analizando, hay coercitivas más estrictas para impedir que se utilicen ferrocarriles, autobuses y medidas aeropuertos para el cruce ilegal de fronteras y más vuelos que regresen a los inmigrantes a sus países de origen.

Este tema podría ser decisivo para la permanencia de Biden en la Casa Blanca durante otros cuatro años. Las encuestas realizadas en los últimos meses, tanto a republicanos como a demócratas, indican que la situación en la frontera genera gran preocupación. Incluso algunos de los más fervientes partidos del presidente en ciudades liberales le están exigiendo que haga algo para frenar el flujo de inmigrantes.

El más reciente plan del presidente al respecto —con un proyecto de ley de migración muy restrictivo que contaba con cierto apoyo bipartidista— se estancó en los últimos meses tras ser bloqueado por los republicanos en la Cámara de Representantes.

Biden había pedido que la legislación se aprobara junto con la ayuda financiera para Israel, Ucrania y Taiwán, pero cuando el Congreso llegó a un acuerdo sobre la financiación a principios de este mes, la legislación fronteriza no estaba incluida.

Esto hace que Biden tenga pocas opciones para hacer frente a unos patrones migratorios globales que han cambiado de manera drástica o al sistema migratorio estadounidense que ambos partidos admiten que durante décadas ha sido disfuncional.

Algunos activistas y funcionarios gubernamentales creen que Biden está cerca de tomar una decisión para anunciar una acción ejecutiva que podría imponer nuevos límites drásticos a los solicitantes de asilo, recurriendo a la misma autoridad legal que el presidente Donald Trump demostró que era la mejor manera de mantener. . a los inmigrantes fuera del país cuando estaba en el cargo.

Stephen Miller, el arquitecto de la agenda migratoria de Trump, durante mucho tiempo presionó para una interpretación amplia de una parte del código federal, conocida como 212(f), para permitirle al presidente evitar que los migrantes incluso pongan un pie a través de la frontera hacia Estados Unidos.

Personas familiarizadas con las discusiones actuales en la Casa Blanca y en el Departamento de Seguridad Nacional afirmaron que los funcionarios están hablando de una proclama presidencial que podría citar esa sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que otorga al presidente la autoridad para suspender la migración de cualquier persona que se determine que sea “perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.

Los funcionarios gubernamentales se han negado a comentar sobre cualquier plazo tentativo en el que Biden podría anunciar una orden de clausura para los asilos en la frontera. Así lo dijo el presidente el 9 de abril, en una entrevista con Univisión.

“No hay garantía de que yo tenga ese poder por mí mismo sin legislación”, dijo Biden. “Algunos han sugerido que debería intentarlo. Y si me lo impide la corte, pues que así sea”.

Las autoridades fronterizas han tenido dificultades para enfrentar el creciente número de inmigrantes en la frontera sur, sobre todo en diciembre, cuando los agentes efectuaron casi 250.000 detenciones de inmigrantes que cruzaban de manera ilegal.

Desde entonces, el gobierno de Biden ha colaborado de manera estrecha con México para reforzar la aplicación de la ley. Por ahora, esos esfuerzos parecen haber dado sus frutos. En febrero, los agentes fronterizos hicieron poco más de 140.000 detenciones, y en marzo la cifra fue ligeramente inferior, con más de 137.000 arrestos.

El tipo de acción ejecutiva de la que ha hablado Biden preocupa a quienes defienden a los inmigrantes. Dicen que el uso de una herramienta legal contundente puede negar a los inmigrantes el derecho razonable a solicitar refugio en Estados Unidos cuando huyen del peligro o la tortura en sus países de origen.

“Hemos visto cómo las políticas diseñadas para disuadir y castigar a quien viene a EE. UU. UU. UU. en busca de protección no logran su objetivo de impedir que la gente venga”, afirmó Robyn Barnard, directora sénior de defensa de los refugiados en Human Rights First, un grupo de defensa de los inmigrantes. “Más de las mismas políticas desgastadas e ilegales que el expresidente Trump intentó no son soluciones inteligentes o reales para los problemas que enfrentamos”.

Los funcionarios gubernamentales señalaron el hecho de que el mandatario implementó una serie de propuestas destinadas a incrementar la migración legal a Estados Unidos desde países que han sido duramente impactados por la guerra, el hambre, el cambio climático y la inestabilidad política.

Pero los críticos dicen que esos programas, aunque positivos, podrían verse desbordados por otras medidas que impongan nuevas y amplias restricciones.

“El presidente debería buscar herramientas que en realidad hayan reducido la migración no autorizada, como sus propios programas de permiso humanitario o de permanencia temporal [conocido como libertad condicional en inglés], y no otra prohibición simbólica del asilo”, afirmó Andrea Flores, exfuncionaria del gobierno de Biden y actual vicepresidenta de políticas migratorias de FWD.us, un grupo de defensa.

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