Debates y promoción del voto: El INE y los partidos políticos (1)

¿Cuál es su primer pensamiento, apreciado lector, cuando observa el doble fracaso de los debates sostenidos por los candidatos a las alcaldías de Saltillo y Torreón?

¿Cuál es su segundo pensamiento cuando mira que −apenas la semana pasada− a 34 días de terminar las campañas federales y estatales, el INE, el IEC, organismos empresariales y de la Sociedad Civil, en una epifanía nunca tardía, deciden dar el banderazo a las campañas para promover el voto razonado y la participación electoral en dichas campañas?

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Para complicar el asunto, apreciado lector, esta no es una elección cualquiera: este 2 de junio próximo, México se juega su futuro, entre democracia y dictadura.

¿Existe alguna manera de justificar la pobreza de los debates −en Saltillo y Torreón− que juntan menos perros en la esquina de mi casa que los que acudieron cuando un cafre al volante atropelló a mi querida perra llamada Mechas? O es posible ignorar la tardanza del INE y del IEC por ser los organismos directamente responsables en promover el voto y la participación ciudadana para los comicios del próximo 2 de junio.

Tiene usted razón, amable lector: no existe ninguna.

Sin embargo, permítame apuntar una doble razón estructural −extraída desde el baúl de los recuerdos− que inhabilita al INE y al IEC para cumplir a cabal satisfacción con esa doble responsabilidad.

En la transición a la democracia, ocurrida con la llegada de la alternancia presidencial foxista en el 2000, el INE tenía una doble tarea medular en dicha transición: fortalecer la democracia electoral y la democracia política. Mientras el INE apuntaló la primera, de manera notable, mediante el derecho al voto bajo un sistema electoral robusto, fracasó de manera rotunda en la segunda porque no estimuló la ciudadanización del poder público ligada a la participación cívico-ciudadana de los mexicanos.

Dos razones, entre otras, explicarían ese fenómeno que disuelve la transición democrática en México: primero, la reticencia de los partidos políticos −de 2000 a 2018− a integrar esa dimensión cívico-ciudadana de la política por su imposibilidad de control político, contrario a la docilidad mercantil de sus clientelas electorales y, segundo, la necesaria burocratización del INE para cumplir con la gigantesca tarea de instituir un sólido principio de democracia electoral en México.

¿Cuáles fueron los resultados? Ante la progresiva pérdida de legitimidad y de representatividad, los partidos políticos de oposición decidieron coquetear “con lo ciudadano” −de ahí el engendro de las candidaturas ciudadanas independientes.

Inclusive, algunos estados y municipios decidieron reglamentar la participación ciudadana, pero dichas leyes y códigos nunca fueron implementados. Coahuila, por ejemplo, tiene una ley aprobada por el Congreso en 2001 y procesada con organizaciones ciudadanas, que nunca ha sido aplicada. Torreón posee un Reglamento escrito, sin ciudadanía de por medio, que corrió la misma suerte.

A partir de 2019, el avance territorial de Morena en el país mandó la representatividad y legitimidad de los partidos políticos de oposición por los suelos y les quitó militancia, identidad y discurso. También restringió sus recursos para mantener a sus respectivas clientelas electorales en la mayoría de los estados del país, bajo un clima creciente de polarización social.

Ante este panorama, ¿cuál fue la respuesta −un tanto desesperada− de los partidos políticos de oposición? Integrar a la ciudadanía de clases medias y altas −que, con sobrada razón, temen la instalación definitiva de un régimen dictatorial en el país− a su proyecto político para asegurar su propia sobrevivencia.

En ese encuentro de intereses, partidistas y ciudadanos, un tanto paradójico, es imposible imaginar como estadistas −conversos y preocupados por fortalecer la democracia política, o cívico-ciudadana− a Alejandro Moreno (PRI), a Marko Cortés (PAN) y a Jesús Zambrano (PRD).

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La candidatura de Xóchitl Gálvez es un claro ejemplo de esa situación: mientras ella es presentada como una candidata ciudadana, también es utilizada por los partidos de su propia coalición −Fuerza y Corazón por México− para ganar el Congreso y ampliar el número de gubernaturas el próximo 2 de junio, sin importar el destino presidencial de la misma Xóchitl.

¿De qué maneras la burocratización del INE −que impacta al Instituto Electoral del Coahuila− les impide promover el voto y mejorar la calidad de los debates desde una perspectiva no burocrática e impersonal, sino ciudadana y empática?

(Continuará)